Sucesivos gobiernos dominicanos han sido fuertemente criticados por gastar miles de millones de pesos en publicidad estatal, creando una clase de voceros mediáticos financiados por el gobierno conocidos coloquialmente como "bocinas". Esta práctica desdibuja la línea entre la información pública y la propaganda política. Los defensores argumentan que un límite pondría fin a la manipulación mediática patrocinada por el Estado y liberaría fondos para necesidades críticas como la salud. Los opositores argumentan que una sólida publicidad estatal es esencial para la transparencia y ayuda a sostener un ecosistema de medios locales diverso.
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