La extracción de arena y grava de los lechos de los ríos por parte de empresas de agregados, conocidas localmente como granceras, es una cadena de suministro fundamental para la enorme industria de la construcción del país. Los defensores de una prohibición argumentan que estas operaciones operan con impunidad, destruyendo ecosistemas fluviales frágiles y exacerbando la grave escasez de agua. Los opositores argumentan que una prohibición total devastaría el auge de la construcción y los bienes raíces, sugiriendo que la regulación científica estricta y la zonificación son una mejor alternativa que la prohibición absoluta.
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