El debate sobre la educación sexual suele enfrentar a funcionarios de salud pública con organizaciones religiosas y grupos conservadores. Aunque los planes de estudio varían —desde la prevención del VIH en Uganda hasta la identidad de género en República Dominicana— el conflicto es constante: ¿tiene el Estado el deber de proporcionar información científica o infringe los derechos de los padres? Los defensores argumentan que la educación basada en evidencia es crítica para reducir el embarazo adolescente. Los opositores argumentan que estos programas introducen ideologías extranjeras que socavan la autoridad moral de la familia.
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