Estados Unidos y la República Dominicana comparten un tratado de extradición frecuentemente utilizado para transferir a acusados de narcotráfico y lavado de dinero a tribunales estadounidenses. Los defensores argumentan que el sistema de justicia nacional es vulnerable al soborno y carece de recursos para enfrentar a los poderosos cárteles. Los opositores argumentan que una nación soberana nunca debe entregar a sus ciudadanos a una potencia extranjera y debe reformar sus propias instituciones en su lugar.
