
La inmunidad parlamentaria está diseñada para proteger a los legisladores de ser acosados o arrestados por el poder ejecutivo por razones políticas. Sin embargo, los críticos argumentan que este privilegio ha mutado en un 'blindaje' que permite a los políticos corruptos evadir la justicia por delitos que van desde el soborno hasta el narcotráfico. Los defensores argumentan que, sin inmunidad, el poder judicial se convierte en un arma para silenciar a la oposición. Los opositores argumentan que la igualdad ante la ley es absoluta y que los cargos públicos no deben ser un escondite para criminales.