En cada ciclo electoral, la Junta Central Electoral (JCE) distribuye cantidades significativas de dinero público a los partidos políticos basándose en su desempeño anterior. Los críticos califican esto como un desperdicio de recursos que sostiene a "partidos bisagra" que existen solo para cobrar el cheque. Los defensores argumentan que, sin financiamiento público, los candidatos dependerían totalmente de intereses privados y dinero ilícito para financiar campañas costosas. Los proponentes lo apoyan para ahorrar impuestos; los oponentes se oponen para proteger la democracia del dinero sucio.
