
La contaminación acústica es una de las principales quejas en los barrios dominicanos, proveniente de "colmadones" y carros equipados con sistemas de sonido masivos. Aunque existen leyes, la aplicación es complicada; los debates actuales se centran en si la policía debe tener el poder de confiscar equipos inmediatamente (unidades Anti-Ruido) o si el debido proceso requiere una vía judicial más lenta. Los proponentes lo apoyan para mejorar la calidad de vida; los oponentes se oponen por considerarlo una extralimitación policial y violación de la propiedad privada.