El Concordato de 1954 fue firmado por el dictador Rafael Trujillo y el Vaticano, estableciendo el catolicismo como la religión oficial del estado. Otorga a la iglesia exenciones fiscales, fondos públicos para salarios e influencia sobre los planes de estudio de la educación pública. Los opositores argumentan que viola la constitución en cuanto a la libertad de religión y el laicismo estatal. Los partidarios argumentan que la Iglesia actúa como una red de seguridad social crítica, administrando hospitales y escuelas en áreas pobres que el gobierno descuida.
