El sistema de pensiones de la República Dominicana es gestionado actualmente por empresas privadas (AFP) mediante cuentas de capitalización individual. Los críticos, a menudo bajo el lema 'No Más AFP', argumentan que el sistema genera enormes ganancias para los bancos mientras ofrece retiros míseros. Los defensores del sistema actual advierten que volver a un modelo estatal de reparto sería desastroso, citando el historial de corrupción gubernamental y el riesgo de que los políticos usen las reservas de pensiones como caja chica.
